Los recortes que vienen

Los pilares del Estado del Bienestar se tambalean más que nunca por culpa del desbocado déficit público. Las autonomías tienen problemas de liquidez para pagar las nóminas, los ayuntamientos están retrasando los pagos a los proveedores, los ingresos públicos no terminan de arrancar...

Ante este panorama, ¿qué puede hacer el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para arreglar el desaguisado? La mayoría de los expertos coinciden en que, en los próximos días, tendrá que pegarle un fuerte tijeretazo a las cuentas del Estado para comenzar a capear el temporal. El propio Rajoy ha avanzado que el lunes, en el debate de investidura, anunciará medidas “no gratas”.
Éstas son algunas de las medidas que debería impulsar el próximo inquilino de la Moncloa para tapar un agujero presupuestario que en los últimos meses ha amenazado con llevar a España, en más de una ocasión, al borde de la quiebra:
Dos alternativas: o suprime ministerios y secretarias de Estado o recuperar competencias de las CCAA
Rajoy ha prometido un plan integral para eliminar las duplicidades entre las administraciones. Tendrá que elegir entre dos opciones: o recuperar competencias para el Estado (algunas comunidades y ayuntamientos se están brindando gustosamente a ello ante la asfixia financiera) o eliminar los ministerios y las secretarias de Estado fantasma que sobreviven sin ninguna función concreta.
El Senado o las diputaciones, también deberían ponerse en revisión. Pese a los recortes, la Cámara Alta se gasta al año 55 millones. Aunque las diputaciones, que cuestan 22.000 millones anuales, sí son necesarias para garantizar los servicios más básicos en los municipios pequeños, hay fórmulas para que estos organismos sean menos costosos. Una opción factible que ha triunfado en otros países es la fusión de municipios.
Si se cierran ministerios y empresas, no tiene sentido mantener el mismo número de empleados públicos
Aunque sea a costa de aumentar el desempleo en el corto plazo, para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar parece poco eficaz mantener una Administración Pública con cerca de tres millones de empleados públicos. Al estilo de David Cameron en Reino Unido, Rajoy tendrá que impulsar irremediablemente despidos de empleados públicos. Esto no significa que los trabajadores con oposición tengan que ir a la calle. Pero parece lógico que, al igual que ocurre en el sector privado, se pueda despedir al personal laboral si las cuentas no cuadran. Sólo en el Estado, hay cerca de 140.000 trabajadores sin plaza fija en la Administración, según el último boletín estadístico de personal del Ministerio de Política Territorial. En el conjunto de las administraciones, esta cifra asciende a más de un millón.
Hace falta una ‘reforma exprés’ de la Seguridad Social para evitar que entre en quiebra
Si la destrucción de empleo continúa con fuerza, como pronostican todos los servicios de estudios, Rajoy se verá abocado a hacer una reforma exprés de las pensiones. No es sostenible que el pilar más importante del Estado del Bienestar tenga gastos en cotizaciones crecientes e ingresos a la baja. El propio Gobierno saliente ha reconocido ya que este año la Seguridad Social entrará en déficit.
Los números rojos en las pensiones es una de las primeras cosas que hacen saltar las alarmas en los organismos internacionales, que exigirán medidas adicionales en el corto plazo. De hecho, si la Seguridad Social no está ya en quiebra es porque los desempleados también cotizan. Para colmo, la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) invierte la mayor parte del dinero en deuda pública española, a pesar de que debería colocar este dinero sólo en bonos con triple A, una calificación “sobresaliente” que el Reino de España no tiene desde el 30 de septiembre de 2010.
Hay que repensar todas las subvenciones y las ayudas que salen del erario público
Según las encuestas, los ciudadanos prefieren los recortes a las subidas fiscales. Y de esto Rajoy ha tomado buena nota. Sindicatos, patronales, Cámaras, partidos políticos, asociaciones culturales, productoras de cine... Son muchos los organismos que siguen viviendo del erario público, algo que el próximo presidente no podrá seguir manteniendo si pide nuevos esfuerzos a colectivos que han sido ya muy castigados como los funcionarios o los futuros pensionistas.
Por ejemplo, los sindicatos reciben cerca 15 millones de euros al año consignados en los Presupuestos del Estado. Sin embargo, estas organizaciones reciben cientos millones de euros más cada ejercicio gracias a cursos de formación, participación en negociaciones políticas o por representar a diferentes colectivos. De algunas de estas ayudas, en ocasiones, no tienen ni que presentar un justificante. Las asociaciones patronales también viven, en gran medida, de estas subvenciones que tanto critican en los informes que difunden.
El Gobierno también tendrá que pinchar la burbuja de las subvenciones encubiertas en el fomento de las energías limpias, ayudas que se visten de I+D+i pero que realmente acaban siendo completamente improductivas.
Por ejemplo, el Consejo de Ministros no debería dar el visto bueno a medidas como la última que ha aprobado el Ejecutivo de Zapatero. El Gobierno respaldo ayer la construcción del Instituto de la Grasa en Sevilla. ¿Cuánto costará? La friolera de 24 millones de euros.
También hay que repensar las ayudas al desarrollo, sobre todo después de que algunas organizaciones hayan denunciado cierto descontrol. Un ejemplo de ello es que con fondos públicos españoles se llegó a pagar una campaña publicidad a favor de subir la fiscalidad en Costa Rica.
Sobran empresas públicas y hay que recortar el gasto de organismos autónomos
Hay margen para recortar en el Instituto de la Juventud (que gasta al año 28 millones de euros), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (que cuesta al año 161,97 millones) o en el Parque Móvil del Estado (que anualmente gasta entorno a 50 millones).
Otros organismos como el Consejo Superior de Deportes (166 millones al año), el Instituto Español de Oceanografía (60 millones), el Instituto de Estudios Fiscales (21 millones) y el Instituto de la Mujer (20 millones) no podrán sobrevivir como viven ahora.
Pero el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que dilapida al año más de 100 millones, es el paradigma de una forma de hacer política. Subvencionar de forma improductiva películas que, en ocasiones, ni llegan a las pantallas.
Recortes en publicidad institucional y en la televisión pública
Aunque el PP ha prometido que mantendrán la televisión y la radio pública sin publicidad, este organismo también tendrá que pasar por una cura de austeridad. No es comprensible que se financien con dinero público series de televisión, concursos y programas de variedades cuando hay cinco millones de parados.
Las televisiones públicas cerraron en 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros. Un coste para cada hogar español de 152 euros, según un informe de Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). El coste de TVE asciende a 68 euros por familia. Las televisiones autonómicas cuestan, en cambio, 84 euros. El Gobierno central, al igual que puede bajar el sueldo a los funcionarios, también puede aprobar un decreto para acabar con este despilfarro.
Tampoco tiene sentido en la legislatura de la austeridad que se mantenga el volumen actual de publicidad institucional. Sólo los ministerios se gastaron cerca de 80 millones en 2010 en esta partida. Si bien es una cifra inferior a los 270 millones anuales que se desembolsaba el Estado en la época del boom, hay margen para meter la tijera aún más.
También hay que hacer más eficiente el intocable gasto en desempleo
Que no haya que dejar a los cinco millones de parados a su suerte no quiere decir que sea intocable el gasto que genera anualmente el antiguo Inem. De hecho, parece inadmisible que el Servicio Público de Empleo estatal dilapide 37.941 millones anuales. La reforma de esta institución debe hacer compatible que no se abandone a su suerte a los más desfavorecidos con el fomento de la búsqueda activa de empleo. El propio PSOE estudiaba endurecer el criterio para acceder a los subsidios con el argumento de que no debe compensar a nadie vivir de las ayudas y sin trabajar.
Y,sobre todo, Rajoy deberá aprovechar la reforma de la Constitución para meter en vereda a las comunidades y a los ayuntamientos
La reforma de la Carta Magna que pactaron el PSOE y el PP(entre otras cosas, para que el BCE comprara deuda española y evitar la insolvencia del país) permite a la Administración central poner coto a otras administraciones si se incumplen los objetivos de déficit. Rajoy deberá desarrollar este acuerdo con un decreto severo que deje claro que no se puede gastar más de lo que se ingresa. También deberá buscar fórmulas para controlar a los consistorios.